Durante el mes de Mayo de este año, y frente a la inminente reforma educacional, se organizó el Encuentro de Actores Sociales por la Educación, organizado por la CONFECH, ACES y CONES. En aquella ocasión se reunieron diversas organizaciones del mundo educacional: el Colegio de profesores, el SUTE (sindicato único de trabajadores de la educación), el MESUP (movimiento de estudiantes de educación superior privada), la OFESUP (organización de federaciones de educación superior privada), la ANDEPA (asociación nacional de padres y apoderados), la CORPADE (coordinadora de padres y apoderados por el derecho a la educación) e Inhabilitados Conicyt.
La finalidad de este encuentro era discutir el rumbo que la educación debía tomar en el país y qué acciones debían tomar los distintos actores sociales para participar en la construcción de ese proyecto educativo. En el documento que surgió de ese encuentro, se reconoce, en primer lugar, que el modelo neoliberal bajo el cual se rige el actual proyecto educativo del país entiende la educación como un bien de consumo y no como un derecho social, siendo a la vez profundamente individualista y segregador. En segundo lugar, propone un proyecto educativo construido con participación e incidencia de todos los actores involucrados en el proceso formativo (estudiantes, profesores, trabajadores no docentes, padres y apoderados) y orientado hacia las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Este proyecto educativo plantea que el sistema educacional debe estar financiado por el Estado, en todos sus niveles, y no mediante subvenciones por estudiante, sino con aportes basales directo a las instituciones estatales. Por otro lado, propone una educación de excelencia "entendida más allá de un resultado contingente en una prueba estandarizada, educando en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y en sintonía con las necesidades del país, tanto productivas como culturales" (p. 2). Esto último implica que la educación debe gestionarse y planificarse descentralizadamente, desde las comunidades principalmente y teniendo en cuenta las particularidades de las distintas zonas geográficas del país.
A mi entender, este proyecto, pensado desde los diversos actores involucrados en la educación, busca la participación de éstos, no sólo en la construcción de la reforma educacional, sino más allá, en el proyecto educativo de cada institución. Los distintos actores sociales están pensando la inclusión, no sólo como un proceso que se da dentro del aula y entre los estudiantes, sino como un proceso en que se atienden las necesidades e intereses de éstos, así como de la comunidad educativa (profesores, trabajadores no docentes, directivos, etc.) y la comunidad que rodea a la escuela (territorio, padres, apoderados, etc.).
Además, con la propuesta del fin a la subvención por alumno, están dando pie a la abolición de los programas de integración escolar y los otros programas enfocados en la atención e integración de alumnos diagnosticados; a mi parecer, esta propuesta tiene a la base la comprensión de que TODOS los estudiantes tienen características y necesidades particulares, tanto barreras como recursos, que se deben tomar en cuenta!! Y no sólo los estudiantes tienen barreras y recursos particulares, sino la comunidad en su conjunto! De ahí se desprende el resto: la descentralización, la participación, la construcción de un proyecto educativo inclusivo y con sentido...
¿Pero qué pasa cuando esta propuesta se encuentra con la emanada desde el gobierno para la reforma educacional? En julio de este año, el ministro de educación, Nicolas Eyzaguirre, lanzó e hizo un llamado a participar del Plan Nacional de Participación Ciudadana, que buscaba recoger las opiniones de los actores de la educación sobre la reforma. En palabras oficiales, este proceso de diálogo y construcción ciudadana de la reforma "cumple lo que la Presidenta Bachelet prometió: una reforma no sólo para todos, sino que con todas y todos", enfatizando que será un proceso “incidente” y que “todas aquellas coincidencias que haya entre la opinión ciudadana y el contenido fundamental del programa de la Presidenta Bachelet, serán más que acogidas”.
Este plan incluía diálogos técnicos, ciudadanos y temáticos. A través de un documento base se plantean distintos puntos esenciales para la discusión, y a modo de introducción se enfatiza en la exigencia que ha hecho la ciudadanía del derecho a la educación, y de un Estado garante de éste. Se plantea el problema de la segregación y desigualdad en el sistema educativo, que tiene repercusiones directas en la calidad y en el "deficiente desempeño de los alumnos en pruebas internacionales", comparado con naciones del mismo nivel de desarrollo que Chile.
Se dice también que el fin de la reforma es "evolucionar desde la lógica de la educación vista como un bien de consumo, regulado por el mercado y determinado por el nivel de ingreso de cada familia, hacia la lógica de la educación asumida como un derecho y un bien social garantizados por el Estado".
Si bien este documento base coincide en varios aspectos con el documento señalado con anterioridad, hay aún aspectos fundamentales que siguen inamovibles en la lógica del gobierno, entre ellos está la idea de inclusión como opuesta a segregación, con énfasis en la dimensión socio-económica de los alumnos y sus familias; también queda sin cuestionarse la política de evaluación estandarizada y centralizada que permite medir la calidad de las distintas instituciones; y finalmente, no se hace mención de la participación en la construcción de cada proyecto educativo (situado y contextualizado en una comunidad particular) por parte de los actores sociales, sino que sólo se les considera para pensar una reforma que, indudablemente, luego será implementada y monitoreada por el gobierno central.
Mi parecer es que para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo, las bases del proyecto presentadas por los actores sociales tiene más elementos importantes, que sin embargo no están siendo considerados por el gobierno, puesto que ellos ya habían construido una propuesta con ideas bases... ¿entonces yo me pregunto si esto de la inclusión será en la medida de lo posible? ¿Será realista pensar en un sistema educativo con eje central en la inclusión? Pensando la inclusión no sólo dentro del aula, por supuesto, sino como la consideración de las necesidades e intereses de todos los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje... O incluso si pienso la inclusión como algo menos ambicioso, como el proceso centrado en la consideración de las particularidades de los estudiantes dentro del aula... ¿es posible alcanzarla sin que antes, desde el gobierno, se termine con la lógica de medición y evaluación estandarizada, como evidencia de la calidad de cada institución?
Hay algunos temas que están, en este momento, fuera del alcance de lo que los distintos actores sociales pueden hacer y decir en torno del sistema educativo, y si bien comparto la idea de que la gran revolución se hace con pequeñas revoluciones cotidianas (grano a grano se forman largas playas, diría Silvio), a veces me pregunto cuánto faltará para esa gran revolución...
Fuentes: http://reformaeducacional.gob.cl/participacion/, http://fech.cl/estudiantes-secundarios-universitarios-y-actores-sociales-de-la-educacion-se-reuniran-a-discutir-perspectivas-de-cara-a-la-reforma-2/
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